"El problema del país con Barrick no es tanto la enmienda del
contrato"
Mientras Barrick-Pueblo Viejo estuvo bajo la influencia de la política social
corporativa del gobierno canadiense denominada “La Ventaja Comparativa
Canadiense” esta empresa impulsó la elaboración de planes de desarrollo
municipal aprobados mediante plebiscitos, auspició proyectos estratégicos para
el desarrollo económico y para la protección de los recursos naturales de la
franja oriental del Cibao-Sur, una línea ética de comportamiento y mantuvo una
actitud flexible ante demandas sobre la enmienda del contrato que suscribió con
el Estado dominicano para operar la mina de Pueblo Viejo.
A finales del 2010, a raíz de haber solicitado el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para los planes de construcción de la nueva planta, la dirección de Barrick-Pueblo Viejo negoció una importante modificación de la enmienda del contrato con este Ministerio, en ese entonces dirigido por Jaime David Fernández Mirabal.
Como resultado de esta renegociación, la empresa asumió por completo los costos y los trabajos de la remediación de todos los pasivos ambientales históricos causados por la antigua explotación de la mina de Pueblo Viejo, la estatal Rosario Dominicana. Esta renegociación que pasó desapercibida para el público, le ganó al Estado dominicano 75 millones de dólares.
Bajo la influencia de la política social corporativa canadiense, se colocó al frente de la empresa a un dominicano y esta se asoció con consorcios locales para construir una planta de generación eléctrica y la línea de transmisión que conducirá la electricidad desde San Pedro de Macorís, concretamente desde Quisqueya, donde se construye, hasta la mina de Pueblo Viejo.
La política de Barrick en el país cambió abruptamente, en marzo del año pasado, cuando la dirección de la empresa pasó a la división estadounidense de la Barrick Gold (NARBU), con el encargo de concluir la construcción de la planta que se encontraba confrontado graves retrasos en el cumplimiento de su cronograma y de dirigir la nueva etapa de producción.
La primera señal de este cambio de política fue la suscripción de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Cotuí, con la finalidad de entregarle cinco millones de dólares pendientes de un primer acuerdo, pese que la sociedad civil de este municipio había denunciado graves irregularidades cometidas por las autoridades locales con la primera partida de 2 millones de dólares recibidas por el cabildo.
De esta forma, Barrick abandonó el principio de no entregar dinero a entidades y/o funcionarios públicos bajo sospecha de corrupción, a cambio de garantías para su operaciones de parte de las autoridades gubernamentales, en una coyuntura electoral en la cual el principal candidato de la oposición era percibido por ella como una amenaza.
La suspensión del financiamiento al programa de Alianza Público-Privada para el Desarrollo Local Sostenible responsable de los grandes avances en el desarrollo de la franja oriental del Cibao Sur de los últimos años, la sorpresiva destitución de Manuel Bonilla de la presidencia de la filial de Barrick Gold en el país y el posterior nombramiento de Manuel Rocha, han sido las siguientes señales de un grave retroceso en la política de esta empresa.
La entrada en la conducción de la filial de Barrick Gold en la República Dominicana de la división estadounidense de esta multinacional, no solo ha significado el corte de la influencia de la política social corporativa del Canada que durante cinco años gravitó y acompaño a ésta, sino la entronización en ella de la política imperialista del consorcio metalúrgico-militar-petrolero de los EUA, del cual Manuel Rocha ha sido hombre de confianza y a su entero servicio durante décadas en América Latina.
En la actualidad, el problema del país con Barrick no es tanto la enmienda del contrato, sino la amenaza que representa para la soberanía nacional que una empresa que generará el 2% del PBI y representantará por si solo el 15% del total de las exportaciones, esté dirigida por este sector de los EUA que se ha caracterizado por el neocolonialismo y la intervención militar. La respuesta de Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo a los reclamos del país de revisar la enmienda del contrato suscrito por esa empresa y el Estado , dominicano, ha estado en la línea de la tradición de este sector.
Su prepotente intransigencia, está basada en la capacidad de represalia de todo tipo en contra de la nación dominicana que pueden mover los barones del consorcio metalúrgico-militar-petrolero de los EUA, bajo cuyas alas se ha colocado Barrick en el país.
FUENTE: hoy.com.do
A finales del 2010, a raíz de haber solicitado el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para los planes de construcción de la nueva planta, la dirección de Barrick-Pueblo Viejo negoció una importante modificación de la enmienda del contrato con este Ministerio, en ese entonces dirigido por Jaime David Fernández Mirabal.
Como resultado de esta renegociación, la empresa asumió por completo los costos y los trabajos de la remediación de todos los pasivos ambientales históricos causados por la antigua explotación de la mina de Pueblo Viejo, la estatal Rosario Dominicana. Esta renegociación que pasó desapercibida para el público, le ganó al Estado dominicano 75 millones de dólares.
Bajo la influencia de la política social corporativa canadiense, se colocó al frente de la empresa a un dominicano y esta se asoció con consorcios locales para construir una planta de generación eléctrica y la línea de transmisión que conducirá la electricidad desde San Pedro de Macorís, concretamente desde Quisqueya, donde se construye, hasta la mina de Pueblo Viejo.
La política de Barrick en el país cambió abruptamente, en marzo del año pasado, cuando la dirección de la empresa pasó a la división estadounidense de la Barrick Gold (NARBU), con el encargo de concluir la construcción de la planta que se encontraba confrontado graves retrasos en el cumplimiento de su cronograma y de dirigir la nueva etapa de producción.
La primera señal de este cambio de política fue la suscripción de un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Cotuí, con la finalidad de entregarle cinco millones de dólares pendientes de un primer acuerdo, pese que la sociedad civil de este municipio había denunciado graves irregularidades cometidas por las autoridades locales con la primera partida de 2 millones de dólares recibidas por el cabildo.
De esta forma, Barrick abandonó el principio de no entregar dinero a entidades y/o funcionarios públicos bajo sospecha de corrupción, a cambio de garantías para su operaciones de parte de las autoridades gubernamentales, en una coyuntura electoral en la cual el principal candidato de la oposición era percibido por ella como una amenaza.
La suspensión del financiamiento al programa de Alianza Público-Privada para el Desarrollo Local Sostenible responsable de los grandes avances en el desarrollo de la franja oriental del Cibao Sur de los últimos años, la sorpresiva destitución de Manuel Bonilla de la presidencia de la filial de Barrick Gold en el país y el posterior nombramiento de Manuel Rocha, han sido las siguientes señales de un grave retroceso en la política de esta empresa.
La entrada en la conducción de la filial de Barrick Gold en la República Dominicana de la división estadounidense de esta multinacional, no solo ha significado el corte de la influencia de la política social corporativa del Canada que durante cinco años gravitó y acompaño a ésta, sino la entronización en ella de la política imperialista del consorcio metalúrgico-militar-petrolero de los EUA, del cual Manuel Rocha ha sido hombre de confianza y a su entero servicio durante décadas en América Latina.
En la actualidad, el problema del país con Barrick no es tanto la enmienda del contrato, sino la amenaza que representa para la soberanía nacional que una empresa que generará el 2% del PBI y representantará por si solo el 15% del total de las exportaciones, esté dirigida por este sector de los EUA que se ha caracterizado por el neocolonialismo y la intervención militar. La respuesta de Manuel Rocha, presidente de Barrick Pueblo Viejo a los reclamos del país de revisar la enmienda del contrato suscrito por esa empresa y el Estado , dominicano, ha estado en la línea de la tradición de este sector.
Su prepotente intransigencia, está basada en la capacidad de represalia de todo tipo en contra de la nación dominicana que pueden mover los barones del consorcio metalúrgico-militar-petrolero de los EUA, bajo cuyas alas se ha colocado Barrick en el país.
FUENTE: hoy.com.do
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